Columna de opinión
La elección de Abelardo de la Espriella ha sido presentada por sus seguidores como la llegada de un salvador político para Colombia. Sin embargo, detrás del discurso de orden, autoridad y recuperación institucional emerge una realidad que merece un debate nacional urgente; la utilización de la fe cristiana como instrumento de legitimación del poder.
No se trata de cuestionar las creencias personales del presidente electo. Cada ciudadano tiene derecho a profesar la religión que considere. El problema comienza cuando la fe deja de ser una convicción individual y se transforma en una plataforma de gobierno, en una herramienta electoral y en un criterio para definir quiénes son los «buenos colombianos» y quiénes quedan fuera de esa categoría.
Durante años, sectores del cristianismo conservador han construido una poderosa estructura de influencia política en Colombia. Púlpitos convertidos en tribunas electorales, líderes religiosos convertidos en operadores políticos y creyentes movilizados bajo la idea de que votar por determinados candidatos equivale a cumplir una misión divina. La campaña de Abelardo de la Espriella encontró en ese fenómeno una cantera electoral extraordinaria.
La estrategia no es nueva. Ha ocurrido en otros países donde determinados movimientos religiosos han logrado convertir diferencias políticas legítimas en supuestas batallas entre el bien y el mal. El adversario deja de ser un contradictor democrático para convertirse en enemigo de Dios. La crítica deja de ser una opinión para transformarse en una ofensa moral. Y el debate público termina secuestrado por dogmas que no admiten discusión.
Lo preocupante es que esta forma de hacer política suele venir acompañada de una visión excluyente de la sociedad. Una visión donde los derechos de las mujeres, las minorías sexuales, los sectores laicos o quienes piensan diferente pasan a ser vistos como amenazas contra una supuesta identidad nacional cristiana.
El riesgo no es imaginario. La historia demuestra que cada vez que un gobierno se siente respaldado por una misión religiosa superior, las instituciones democráticas comienzan a debilitarse. Porque quien cree actuar en nombre de Dios difícilmente acepta límites humanos. Quien se considera portador de una verdad absoluta suele mirar con desprecio la pluralidad que caracteriza a una democracia moderna.
Colombia no necesita un Estado confesional disfrazado de patriotismo. No necesita funcionarios evaluando políticas públicas con base en interpretaciones religiosas. No necesita una moral oficial dictada desde los altares ni una ciudadanía clasificada entre creyentes aceptables y ciudadanos incómodos.
La Constitución de 1991 estableció con claridad que Colombia es una república pluralista y laica. Esa conquista democrática costó décadas de luchas sociales, jurídicas y políticas. Fue precisamente la respuesta a una larga tradición donde el poder religioso y el poder estatal caminaron demasiado cerca, limitando libertades y restringiendo derechos.
Hoy el desafío vuelve a aparecer con nuevos rostros y nuevos discursos. Ya no se habla abiertamente de imponer una religión. Ahora se habla de recuperar valores, restaurar principios o salvar la nación. Pero muchas veces esas expresiones funcionan como eufemismos para justificar proyectos políticos que buscan otorgar privilegios a una visión particular del mundo sobre todas las demás.
La pregunta de fondo no es si Abelardo de la Espriella es cristiano. La pregunta es si gobernará para todos los colombianos o únicamente para quienes encajan dentro de una determinada concepción religiosa de la sociedad.
Las democracias no se construyen sobre certezas divinas sino sobre acuerdos ciudadanos. No se sostienen mediante revelaciones, sino mediante instituciones. No protegen una única verdad, sino el derecho de cada persona a buscar la suya.
Cuando la cruz se acerca demasiado al poder, la experiencia histórica enseña que la libertad suele comenzar a retroceder. Y cuando la política se presenta como una misión sagrada, la crítica se convierte en herejía y la democracia empieza a caminar por terrenos peligrosos.
El verdadero peligro para Colombia no es que un presidente tenga fe. El peligro es que el poder político termine convencido de que su autoridad proviene más del cielo que de los ciudadanos.
EDITORIAL GIRÓN