El descontento por el costo de los peajes vuelve al centro del debate nacional, esta vez tras una amenaza de las disidencias de las FARC que pone en riesgo a trabajadores, transportadores y ciudadanos.
Colombia | 27 de octubre de 2026.
¿Puede una organización armada ilegal terminar presentándose ante ciertos sectores de la población como una supuesta defensora de sus intereses económicos? Esa es una de las preguntas que deja el reciente pronunciamiento atribuido a alias Marlon, señalado como uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), la estructura disidente de las antiguas FARC.
En un video divulgado por Canal 1, el hombre lanzó una advertencia contra las estaciones de peaje del país; si las tarifas no se reducen al 50 % de su valor actual, estas instalaciones serán consideradas objetivos militares. El mensaje, que también incluyó una advertencia a la población civil para que se mantenga alejada de esos lugares ante posibles acciones armadas, ha reabierto el debate sobre el costo de la movilidad y los métodos violentos utilizados por los grupos armados para imponer sus exigencias.
¿Una reivindicación popular o una estrategia de intimidación?
En su pronunciamiento, alias Marlon cuestionó los cobros de los peajes y sostuvo que se han convertido en un negocio que afecta el bolsillo de los colombianos. Su argumento conecta con una inconformidad que existe entre usuarios de las carreteras: el peso que representan los pagos viales para conductores particulares, transportadores y pequeños comerciantes.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre exigir tarifas más justas mediante mecanismos democráticos y amenazar con acciones armadas para imponer una decisión. La primera es una discusión legítima de política pública; la segunda pone en peligro la vida y la seguridad de personas que no necesariamente tienen responsabilidad alguna en la fijación de esos cobros.
La pregunta de fondo es si el descontento ciudadano puede convertirse en terreno fértil para que organizaciones armadas construyan una imagen de supuesta defensa popular, mientras mantienen mecanismos de intimidación y control territorial.
Cuando la guerrilla pretende hablar en nombre del pueblo
La expresión “la guerrilla es un mal necesario para el pueblo colombiano” plantea una provocación política, pero también un dilema histórico; ¿por qué algunos ciudadanos podrían llegar a considerar que un actor armado representa sus reclamos cuando sienten que las instituciones no responden a sus necesidades?
La respuesta no puede reducirse a una defensa de la insurgencia ni a una descalificación automática de las inconformidades ciudadanas. El costo de vida, las tarifas viales, las condiciones del transporte y las dificultades económicas merecen respuestas institucionales verificables.
Que una organización guerrillera invoque el bolsillo de los colombianos no significa que sus amenazas sean legítimas ni que represente a quienes pagan los peajes. Tampoco puede confundirse el cuestionamiento a un sistema de cobro con la aprobación de la violencia.
El riesgo está en que una causa social encuentre visibilidad a través de amenazas que terminan exponiendo precisamente a la población que dicen defender.
Los peajes, entre el debate económico y la seguridad nacional
La controversia obliga a discutir la transparencia de las concesiones, las condiciones contractuales, la estructura tarifaria y los beneficios que reciben los usuarios a cambio de los pagos. Las autoridades competentes deben explicar cómo se establecen las tarifas, qué obligaciones tienen los concesionarios y cuáles son los mecanismos disponibles para revisar cobros cuestionados.
Pero esas discusiones deben darse sin presiones armadas. Los trabajadores de las casetas, los conductores y los pasajeros no pueden convertirse en víctimas de una disputa entre grupos ilegales, operadores viales y el Estado.
La amenaza de declarar objetivos militares a los peajes tampoco constituye una decisión oficial que modifique las tarifas. Es una intimidación atribuida a un grupo armado y debe analizarse desde sus implicaciones para la seguridad y la protección de la población civil.
La reaparición de alias Marlon también genera interrogantes
El pronunciamiento ha llamado la atención por la identidad de quien aparece en la grabación. Alias Marlon había sido reportado como muerto tras una operación militar anunciada en junio de 2026. Su aparición en un video fechado el 15 de octubre y divulgado públicamente el 26 de octubre reabrió las preguntas sobre aquella información oficial.
La grabación, por sí sola, no resuelve todas las dudas sobre las circunstancias de la operación ni permite establecer de manera independiente cada detalle de la situación actual del señalado cabecilla. Por eso, las afirmaciones sobre su identidad, la autenticidad del material y las responsabilidades por eventuales hechos violentos deben contrastarse con información oficial y verificaciones periodísticas.
El pueblo necesita soluciones, no nuevas amenazas
La discusión sobre los peajes no debería quedar reducida a escoger entre aceptar cobros que generan inconformidad o tolerar amenazas de organizaciones armadas. Colombia necesita mecanismos de control institucional, información pública sobre las concesiones, revisión de las tarifas cuando corresponda y protección efectiva para quienes utilizan y trabajan en las carreteras.
Si existen abusos, deben investigarse. Si hay motivos legales y económicos para modificar tarifas, deben debatirse por las vías correspondientes. Y si un grupo armado amenaza infraestructura y advierte sobre posibles ataques, las autoridades deben actuar para prevenir daños y proteger a la ciudadanía.
La verdadera pregunta no es si la guerrilla debe convertirse en un “mal necesario”, sino por qué persisten inconformidades sociales que pueden ser instrumentalizadas por actores armados. Una sociedad democrática debe poder reclamar tarifas justas sin tener que depender de amenazas, fusiles ni organizaciones ilegales para hacerse escuchar.
Fuentes para consulta: Canal 1, “Exclusiva | Disidencias de las Farc declaran los peajes como objetivo militar en el país”, 26 de octubre de 2026; El País, “Reapareció alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc que había sido dado por muerto: lanzó amenazas contra los peajes”, 27 de octubre de 2026.
EDITORIAL GIRÓN