Columna de opinión
Colombia parece entrar en una nueva etapa política. No se trata únicamente de un cambio de gobierno ni de una alternancia ideológica en el poder. Lo que comienza a vislumbrarse es una transformación más profunda, la utilización de la fe religiosa como fundamento moral y político de un proyecto de nación.
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia ha despertado entusiasmo entre sectores conservadores que ven en él la oportunidad de recuperar valores tradicionales que consideran perdidos. Sin embargo, detrás de ese discurso de restauración moral emerge una pregunta incómoda: ¿Dónde termina la libertad religiosa y dónde comienza la imposición ideológica?
La historia enseña que cuando los gobiernos se presentan como guardianes de una verdad absoluta, las diferencias dejan de ser vistas como parte natural de una democracia y comienzan a ser tratadas como amenazas. La Inquisición medieval no nació únicamente de la religión; nació de la alianza entre el poder político y la convicción de poseer la única verdad legítima. El resultado fue la persecución de quienes pensaban distinto.
Por supuesto, Colombia del siglo XXI no es la Europa del siglo XV. No existen tribunales religiosos ni hogueras públicas. Sin embargo, las inquisiciones modernas rara vez utilizan fuego. Utilizan estigmatización, censura social, presión política y discursos que dividen a los ciudadanos entre los «correctos» y los «equivocados», entre los «salvados» y los «pecadores», entre los patriotas y los enemigos de la nación.
El riesgo de cualquier gobierno que encuentre legitimidad en una interpretación religiosa es que termine confundiendo el interés nacional con una visión particular de la moral. Un Estado democrático debe gobernar para creyentes, agnósticos, ateos, católicos, evangélicos, musulmanes y para quienes no profesan religión alguna. Cuando una administración empieza a privilegiar una cosmovisión espiritual sobre las demás, la igualdad ciudadana comienza a erosionarse.
La preocupación no radica en que el presidente tenga creencias cristianas. Millones de colombianos las tienen. El problema surge cuando esas creencias dejan de ser una guía personal y se convierten en criterio para diseñar políticas públicas, definir derechos o establecer quién merece reconocimiento dentro de la sociedad.
Las naciones más libres del mundo no son aquellas que expulsan la religión de la vida pública, sino aquellas que mantienen una clara separación entre el púlpito y el gobierno. Esa distancia protege tanto al Estado como a las iglesias. Evita que la política instrumentalice la fe y que la fe termine contaminada por las luchas del poder.
La llamada «Nueva Colombia» que algunos promueven corre el riesgo de convertirse en un país donde la diversidad de pensamiento sea vista con sospecha. Donde el debate político sea reemplazado por sermones ideológicos. Donde las decisiones públicas se justifiquen más por convicciones religiosas que por evidencia, ciencia o consenso democrático.
Los colombianos tienen derecho a preguntarse si están presenciando el nacimiento de una nueva etapa de renovación nacional o la construcción de una nueva ortodoxia política revestida de símbolos religiosos. Porque cuando la fe se convierte en herramienta de gobierno, la democracia suele pagar el precio.
La verdadera fortaleza de una república no consiste en imponer una única verdad, sino en garantizar que todas las voces puedan coexistir bajo las mismas reglas de libertad. La historia demuestra que las inquisiciones nunca comienzan con cadenas ni con tribunales. Comienzan con la idea de que una sola visión moral debe prevalecer sobre todas las demás.
Y cuando eso ocurre, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio concedido por quienes creen hablar en nombre de una verdad superior.