En distintas regiones del país se sigue denunciando que conductores en estado de embriaguez evitan sanciones mediante pagos informales a policías de tránsito. Entre vacíos normativos, falta de controles y cultura de la ilegalidad, expertos alertan que el fenómeno perpetúa la impunidad y pone vidas en riesgo.
El problema que se normalizó
El cruce entre consumo de alcohol y corrupción en vías colombianas no es nuevo, pero la práctica parece haberse institucionalizado en múltiples ciudades y corredores viales. Conductores ebrios pagan “coimas” para evitar inmovilizaciones, comparendos o procesos penales, en un contexto donde la sanción debería ser ejemplar.
En la mayoría de casos reportados por ciudadanos, el intercambio es discreto y rápido. No hay recibos, no hay registros y, por lo general, no queda evidencia formal, lo que dificulta la trazabilidad del delito y la sanción disciplinaria.
Un negocio que se mueve en efectivo
Según testimonios recogidos por medios regionales y organizaciones dedicadas a la seguridad vial, las cifras de las coimas varían dependiendo del grado de alcoholemia, del lugar y del funcionario involucrado. En algunos casos, el pago evita el comparendo; en otros, incluso detiene procesos que deberían avanzar por la vía penal.
Para expertos en derecho disciplinario, la operación no solo implica un acto ilegal del conductor, sino una falta gravísima por parte de agentes estatales que actúan como facilitadores de impunidad.
La relación entre embriaguez, corrupción y accidentalidad es directa. Colombia reportó aumentos en siniestros viales asociados al alcohol en varios departamentos en los últimos años, mientras que la percepción ciudadana sobre el rigor de los controles policiales sigue siendo baja.
Organizaciones civiles advierten que mientras exista la posibilidad de “negociar” con un funcionario, la ley pierde su función preventiva y punitiva.
Fallas institucionales
Analistas en seguridad vial señalan que el problema se sostiene por tres factores:
Controles fragmentados
Operativos esporádicos y sin seguimiento permanente.
Opacidad en procedimientos
Falta de cámaras, registros y protocolos públicos.
Débil cultura sancionatoria
La coima se percibe como “más barata” y rápida que el proceso legal.
¿Qué dicen las autoridades?
Entidades de control afirman que han fortalecido investigaciones internas y sanciones contra policías implicados en casos de soborno. Sin embargo, especialistas cuestionan la falta de resultados visibles, la ausencia de estadísticas oficiales y el silencio institucional frente a un fenómeno que afecta la seguridad vial y la confianza ciudadana.
Mientras la coima siga siendo una opción viable, la mezcla entre licor y volante continuará siendo un riesgo para todos. La corrupción en las vías no solo favorece a quienes manejan ebrios, sino que castiga a los ciudadanos que cumplen la ley y esperan que el Estado haga lo propio.
Autor: Fredy Leal – Técnico en seguridad vial e instructor de conducción.