EDITORIAL GIRÓN | Análisis político y social
Entre la violencia de los grupos armados y el temor a un poder autoritario, Colombia enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién defiende realmente al pueblo y quién termina utilizándolo?
COLOMBIA. La historia política colombiana está atravesada por una contradicción que continúa generando profundas divisiones mientras la guerrilla ha justificado históricamente su existencia en nombre de la defensa de los sectores populares, sus acciones armadas también han dejado víctimas, comunidades desplazadas y territorios sometidos al miedo. Al mismo tiempo, el debate sobre el autoritarismo, la concentración del poder y las tendencias que algunos sectores califican de fascistas plantea interrogantes sobre las garantías democráticas y la protección de los derechos ciudadanos.
La pregunta no es sencilla; ¿puede una organización que causa sufrimiento a la población presentarse como una barrera frente a otro proyecto político al que considera autoritario?
Una guerrilla que dice defender al pueblo, pero también lo golpea
Las disidencias de las antiguas FARC y otras organizaciones armadas suelen presentar sus acciones bajo discursos de resistencia, soberanía nacional y oposición a los poderes económicos. Sin embargo, esos argumentos no eliminan la responsabilidad por los ataques, las amenazas, las extorsiones y otras formas de violencia atribuidas a estas estructuras.
Un ejemplo reciente es el pronunciamiento de alias Marlon, señalado como uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC). En un video divulgado por Canal 1 el 26 de octubre de 2026, amenazó con declarar objetivos militares a los peajes si sus tarifas no se reducían a la mitad. También advirtió sobre posibles acciones contra mercancías estadounidenses que circulen por Colombia. La autenticidad del material y las circunstancias de su reaparición han generado interrogantes periodísticos.
La inconformidad con los cobros viales puede ser legítima y merece discusión pública. Pero amenazar instalaciones y poner en riesgo a trabajadores, conductores y pasajeros no convierte automáticamente a una organización armada en representante de los intereses populares.
Fuente: Canal 1, 26 de octubre de 2026.
¿Qué significa hablar de fascismo en Colombia?
La palabra fascismo se ha convertido en una de las expresiones más disputadas del debate político nacional. Algunos sectores la utilizan para denunciar discursos autoritarios, la estigmatización de la oposición, la intolerancia ideológica o posibles restricciones a las libertades. Otros advierten que emplearla indiscriminadamente puede desfigurar su significado histórico y convertirla en un insulto contra cualquier adversario.
Por eso, calificar de fascista a un gobierno, partido o dirigente requiere examinar hechos concretos, el respeto por la separación de poderes, la libertad de prensa, los derechos de las minorías, las garantías de la oposición y la independencia de la justicia.
La defensa de la democracia no consiste en reemplazar una etiqueta política por otra, sino en exigir que quienes ejercen el poder rindan cuentas y respeten los límites constitucionales.
El peligro de justificar un mal en nombre de otro
Una de las mayores trampas de la polarización consiste en creer que, si un adversario representa una amenaza, cualquier fuerza que lo enfrente queda automáticamente legitimada.
Bajo esa lógica, la violencia guerrillera podría presentarse como un mal necesario frente al autoritarismo. Pero aceptar ese razonamiento implicaría ignorar que las comunidades rurales, los líderes sociales, los indígenas, los campesinos y los trabajadores también pueden convertirse en víctimas de los grupos armados que afirman actuar en su nombre.
El mismo principio debe aplicarse al Estado combatir a las guerrillas no justifica abusos de autoridad, persecuciones políticas ni violaciones de los derechos humanos. La seguridad y la democracia no son objetivos incompatibles; ambas deben proteger a la ciudadanía.
Colombia no tiene por qué elegir entre el miedo impuesto por las armas ilegales y el miedo que pudiera surgir de un ejercicio arbitrario del poder estatal.
La verdadera defensa del pueblo
Si existe preocupación por el autoritarismo, la respuesta debe ser más democracia, más control institucional, una justicia independiente, libertad de prensa y garantías para quienes piensan diferente. Si existen abusos estatales, deben investigarse. Si los grupos armados amenazan a la población, sus responsables deben responder ante la justicia.
Ninguna organización puede reclamar el monopolio de la representación del pueblo por el simple hecho de declararse revolucionaria, antisistema o defensora de los más vulnerables.
La historia colombiana demuestra que los discursos de liberación no bastan para garantizar la libertad. Lo determinante es si las acciones respetan la vida, la dignidad y los derechos de las personas.
Conclusión: ni autoritarismo ni violencia armada
Decir que la guerrilla es un cáncer para el pueblo y, al mismo tiempo, plantear que podría funcionar como defensa frente al fascismo revela la contradicción central de una sociedad polarizada. El rechazo al autoritarismo no obliga a respaldar a una insurgencia, así como el rechazo a la insurgencia no obliga a aceptar abusos del poder.
La democracia colombiana necesita ciudadanos capaces de cuestionar a todos los poderes, no organizaciones armadas que decidan quién tiene la razón a punta de fusil.
Porque el pueblo no debería tener que escoger entre dos formas de miedo. Su verdadera defensa está en la libertad, la justicia, la participación ciudadana y el respeto irrestricto por la vida.
Fuentes para respaldar el análisis
- Canal 1 — Disidencias de las FARC declaran los peajes como objetivo militar. Reporte publicado el 26 de octubre de 2026. Canal 1
- Universidad Santo Tomás — Fascismo hoy, ¿realidad concreta o treta opositora?. Investigación académica sobre el uso y el significado del concepto de fascismo en el debate político colombiano.
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