Por Editorial Girón
La autoridad de tránsito en muchos municipios no solo es el descampadero donde los políticos estacionan cuotas y favores. También se ha convertido, con cinismo calculado, en el enemigo público preferido durante las campañas electorales. Un villano útil al que se le carga toda la culpa del desorden vial, mientras quienes lo politizaron fingen no tener responsabilidad alguna.
En tiempos electorales, el libreto se repite candidatos prometen “acabar con los abusos del tránsito”, “poner en cintura a los agentes” o “humanizar los comparendos”. Se construye un discurso donde la autoridad de tránsito es presentada como una amenaza para el ciudadano, un aparato represivo y recaudador. Lo que nunca dicen es que ellos mismos la convirtieron en eso.
Porque mientras en tarima se señala al tránsito como el problema, en los escritorios se negocian direcciones, contratos y cargos. La entidad se usa como caja menor, como plataforma de control político y como pago de favores electorales. Después, cuando el caos estalla, se necesita un culpable visible, y ahí aparece la autoridad de tránsito como chivo expiatorio perfecto.
Esta narrativa es profundamente perversa. Al estigmatizar a la autoridad de tránsito como enemigo público, se erosiona aún más la cultura vial, se debilita el respeto por la norma y se legitima la desobediencia. El mensaje es claro: cumplir la ley es opcional y la culpa siempre es de otro.
El resultado es un escenario peligroso, agentes desacreditados, ciudadanos enfrentados, vías sin control real y decisiones improvisadas. Se persigue al motociclista común mientras se toleran las infracciones de los poderosos. Se anuncian controles “flexibles” para ganar aplausos, pero se abandona la prevención, la educación y la planeación.
Desde Editorial Girón advertimos que este juego político tiene consecuencias mortales. Cada cruce sin señalizar, cada semáforo dañado, cada operativo selectivo y cada discurso populista termina traduciéndose en accidentes evitables y vidas perdidas. Aquí no hay errores inocentes: hay responsabilidades políticas claras.
La autoridad de tránsito no puede seguir siendo usada como botín en el gobierno y como enemigo en campaña. Esa doble moral es la raíz del problema. O se gobierna con seriedad o se sigue legislando desde la demagogia, pero el costo lo sigue pagando el ciudadano común en la vía.
Sacar la autoridad de tránsito del descampadero político implica algo más que cambiar funcionarios: exige acabar con el discurso populista que la demoniza en elecciones y la manosea en el poder. La movilidad es un asunto de vida o muerte, no una herramienta de campaña.
Mientras los políticos sigan usando al tránsito como villano electoral y como caja burocrática, el país no avanzará hacia la seguridad vial, sino hacia un caos cada vez más rentable para unos pocos y cada vez más letal para todos.
AUTORA: KATHERINE GARNICA