Girón.
La propuesta del alcalde de Bucaramanga Cristian Fernando Portilla Pérez de instalar o trasladar un nuevo peaje al área metropolitana de Bucaramanga ha generado una fuerte controversia entre autoridades, transportadores, gremios económicos y ciudadanía. Mientras la administración municipal sostiene que el cobro permitiría financiar importantes obras de infraestructura vial, diversos sectores advierten que la medida podría incrementar el costo de la movilidad y entrar en contradicción con lo establecido en la Ley 105 de 1993, norma que regula el sistema de transporte en Colombia.
La iniciativa surgió en medio de las discusiones sobre la financiación del corredor vial La Virgen – La Cemento, considerado uno de los proyectos estratégicos para mejorar la movilidad del norte de Bucaramanga. Entre las alternativas planteadas se encuentra la posibilidad de trasladar el peaje de Rionegro o implementar un nuevo punto de recaudo dentro del área metropolitana.
Según la administración municipal, la intención es garantizar recursos para construir, mantener y conservar la infraestructura vial sin afectar significativamente las finanzas del municipio. Sin embargo, la propuesta ha despertado una inmediata reacción de rechazo entre ciudadanos, quienes consideran que el área metropolitana ya soporta una elevada carga económica derivada de los peajes existentes en los diferentes accesos a Bucaramanga.
Crece el rechazo ciudadano
Transportadores, comerciantes y residentes aseguran que un nuevo peaje terminaría aumentando el costo del transporte público, el precio de los alimentos, los insumos para la industria y el comercio, además de afectar diariamente a miles de trabajadores que deben desplazarse entre Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Diversos líderes sociales sostienen que antes de crear un nuevo cobro deberían revisarse otras alternativas de financiación, fortalecer la eficiencia del gasto público y garantizar mayor transparencia sobre la inversión de los recursos destinados a la infraestructura vial.
El debate jurídico: ¿es compatible con la Ley 105 de 1993?
Más allá de la discusión económica, la propuesta también ha abierto un debate jurídico sobre el cumplimiento de la Ley 105 de 1993, considerada la norma marco del transporte en Colombia.
El artículo 21 de dicha ley establece que las tasas, tarifas y peajes únicamente pueden cobrarse para recuperar la inversión, garantizar el mantenimiento, la rehabilitación y el desarrollo de la infraestructura de transporte. Esto significa que un peaje no puede convertirse en un simple mecanismo para aumentar el recaudo público, sino que debe existir una relación directa entre el dinero que pagan los usuarios y las obras que efectivamente reciben como beneficio.
Precisamente allí aparecen varios de los cuestionamientos formulados por expertos en infraestructura y derecho administrativo.
Las posibles contradicciones
1. Cobro sin una obra plenamente definida
Uno de los principales interrogantes consiste en determinar si el nuevo peaje estaría financiando una infraestructura claramente identificada o si terminaría convirtiéndose en un mecanismo permanente de recaudo. La Ley 105 exige que exista una relación directa entre el cobro y la obra financiada.
2. Principio de equidad
La norma también dispone que las tarifas deben responder a criterios de equidad y proporcionalidad. Si miles de ciudadanos deben pagar diariamente por desplazamientos urbanos o metropolitanos de corta distancia, podrían surgir cuestionamientos sobre una eventual afectación desproporcionada a los usuarios frecuentes.
3. Tarifas técnicas
La legislación señala que los valores de los peajes deben fijarse con base en estudios técnicos que tengan en cuenta aspectos como la distancia recorrida, el tipo de vehículo, los costos de operación y los beneficios obtenidos por quienes utilizan la infraestructura.
Sin estos estudios, cualquier decisión podría ser objeto de controversia jurídica.
4. Destino específico de los recursos
La Ley 105 también establece que los recursos provenientes de los peajes deben destinarse a la construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial correspondiente.
Por esta razón, diferentes sectores ciudadanos exigen que cualquier recaudo futuro tenga un destino claramente definido, verificable y sujeto a mecanismos de control público.
Santander: ¿se está convirtiendo en «el Muro de Berlín» de los peajes?
En medio de la creciente discusión por la posibilidad de instalar un nuevo peaje en Bucaramanga, cada vez son más las voces que advierten que Santander se está convirtiendo en «el Muro de Berlín» de los peajes, una metáfora utilizada para describir la sensación de barreras económicas que enfrentan quienes se desplazan por el departamento.
La comparación hace referencia al histórico Muro de Berlín, que durante décadas simbolizó la división física de una ciudad. En este caso, la expresión busca ilustrar la percepción de que la proliferación de peajes crea múltiples barreras para la movilidad, incrementando los costos del transporte de personas y mercancías.
Actualmente, Santander cuenta con más de diez peajes distribuidos en corredores nacionales y regionales. Para transportadores, empresarios y usuarios frecuentes, cada nuevo punto de cobro representa un aumento en los costos logísticos, que termina reflejándose en el precio de los alimentos, los bienes de consumo y los servicios.
Diversos gremios sostienen que la acumulación de peajes puede afectar la competitividad regional, especialmente en un departamento cuya economía depende del comercio, el turismo, la industria y la conexión permanente entre Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana.
Aunque los peajes constituyen un mecanismo legal de financiación de infraestructura cuando cumplen los requisitos establecidos en la Ley 105 de 1993, los críticos de la propuesta consideran que el problema no radica únicamente en la existencia de un peaje, sino en la concentración de múltiples cobros en un mismo territorio, lo que, a su juicio, termina limitando la movilidad y aumentando el costo de vida.
En ese contexto, el eventual nuevo peaje para Bucaramanga ha reavivado un debate que trasciende la financiación de una obra específica: ¿hasta qué punto puede incrementarse el número de peajes sin afectar el derecho de los ciudadanos a una movilidad eficiente, equitativa y económicamente accesible? Esa será una de las principales preguntas que deberán responder los estudios técnicos, las autoridades competentes y, si es del caso, los jueces de la República.
Expertos piden estudios antes de cualquier decisión
Especialistas coinciden en que una decisión de esta magnitud requiere mucho más que un anuncio político. Deben realizarse estudios de movilidad, análisis de impacto económico, evaluaciones costo-beneficio, modelos financieros, estudios de demanda vehicular y procesos amplios de socialización con la ciudadanía.
Además, cualquier modificación en el esquema actual de peajes podría requerir la participación del Gobierno Nacional y de las entidades competentes en materia de infraestructura y concesiones, dependiendo de la naturaleza jurídica del proyecto.
Un debate que apenas comienza
Por ahora, la propuesta continúa en fase de discusión y no existe una decisión definitiva sobre la instalación o traslado del peaje.
Mientras la administración municipal defiende la necesidad de asegurar recursos para ejecutar nuevas obras, el creciente rechazo ciudadano y las dudas jurídicas plantean un escenario de intenso debate público.
Para muchos analistas, el verdadero reto no consiste únicamente en conseguir recursos para la infraestructura, sino en demostrar que un nuevo peaje cumple con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y transparencia establecidos por la Ley 105 de 1993 y por la Constitución Política.
En los próximos meses serán los estudios técnicos, las decisiones de las autoridades competentes y, eventualmente, el control de los jueces quienes determinarán si la iniciativa puede avanzar o si, por el contrario, termina convirtiéndose en un nuevo foco de controversia jurídica y social para Bucaramanga y su área metropolitana.
Bibliografía
- Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 105 de 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 41.158 del 30 de diciembre de 1993.
- Departamento Administrativo de la Función Pública. Gestor Normativo – Ley 105 de 1993. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=296
- Constitución Política de Colombia. (1991). Especialmente los artículos 2, 13, 58, 83, 95, 209 y 338, relacionados con los principios de igualdad, función administrativa, contribuciones y participación ciudadana.
- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Normatividad y política de infraestructura vial en Colombia. https://www.ani.gov.co
- Ministerio de Transporte de Colombia. Normatividad del sector transporte e infraestructura vial. https://www.mintransporte.gov.co
- Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Políticas para la administración, conservación y financiación de la infraestructura vial nacional. https://www.invias.gov.co
- Vanguardia. «Propuesta de trasladar el peaje de Rionegro hacia Bucaramanga genera debate en Santander». Publicaciones de julio de 2026 sobre el corredor vial La Virgen – La Cemento y las alternativas de financiación.
- Alcaldía de Bucaramanga. Comunicados oficiales y declaraciones relacionadas con la financiación del corredor vial La Virgen – La Cemento y los proyectos estratégicos de movilidad. https://www.bucaramanga.gov.co
- Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Conceptos técnicos sobre concesiones, peajes y financiación de infraestructura vial. https://www.infraestructura.org.co
- Corte Constitucional de Colombia. Jurisprudencia sobre los principios de legalidad tributaria, equidad, proporcionalidad y destinación específica de las tasas y peajes, especialmente sentencias relacionadas con el artículo 338 de la Constitución Política.